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Datos Expuestos, Vidas Destruidas: La Violencia Mediática Contra Víctimas Menores
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Los datos personales constituyen un poderoso gancho psicológico que dota de aparente veracidad a la información. Esta táctica es ampliamente explotada por estafadores, quienes manipulan a sus víctimas utilizando información personal precisa como nombres completos o números de identificación. De manera similar, en la cobertura de casos de abuso, algunos medios exponen innecesariamente datos personales de las víctimas, justificando esta práctica bajo el pretexto de dar credibilidad a la información, cuando en realidad responde a intereses de rating y sensacionalismo.
La divulgación de datos de niños, niñas y adolescentes, víctimas en casos de abuso sexual por parte de los medios de comunicación representa una forma especialmente cruel de violencia digital, que impacta de manera devastadora a adolescentes y niñas. La exposición pública de nombres, imágenes o detalles íntimos no solo viola su privacidad, sino que desencadena una traumática revictimización con profundas secuelas psicológicas y sociales.
El reciente caso de denuncias contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, evidencia esta práctica periodística antiética. La cobertura mediática ha traspasado todas las líneas rojas éticas al exponer la identidad de las menores víctimas, subordinando sus derechos fundamentales al morbo público. Esta conducta viola flagrantemente el marco jurídico diseñado para proteger a menores víctimas de delitos sexuales.
Bajo el pretexto de una investigación, diversos medios publicaron fotografías, nombres y rostros de las menores abusadas por Morales. Esta exposición innecesaria constituye una nueva agresión contra las víctimas, perpetuando el ciclo de violencia que paradójicamente pretendían denunciar.
Las dimensiones de género en esta problemática son innegables. La sociedad somete a mujeres y niñas víctimas de abuso sexual a un perverso doble castigo: primero como víctimas del delito, y luego como objetos de escrutinio público y culpabilización. Mientras tanto, los agresores, frecuentemente hombres en posiciones de poder, escapan a este nivel de exposición y juicio social.
Urge una transformación radical en las prácticas periodísticas para abordar casos de abuso sexual. Los medios deben implementar protocolos rigurosos que protejan la identidad y dignidad de las víctimas, especialmente cuando son menores. La responsabilidad también recae en la sociedad: debemos cuestionar nuestro consumo de información y rechazar el sensacionalismo que alimenta la revictimización.
Como sociedad, tenemos la obligación de exigir un periodismo ético que priorice la protección de las víctimas a cualquier otro interés. La verdadera denuncia debe centrarse en evidenciar las estructuras de poder que permiten y perpetúan estos abusos, no en exponer a quienes ya han sufrido. Por lo tanto, si comparten datos, que sea de las o los agresores y no de la persona que fue víctima.
La exposición mediática de víctimas menores no es un «mal necesario» para lograr justicia, sino un reflejo de las deficiencias de nuestro sistema y los falsos valores de la sociedad. El cambio comienza por reconocer que cada vez que compartimos o consumimos información que expone a una víctima, nos convertimos en cómplices de su revictimización y nos alejamos de ser una sociedad empática.
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